Los ministros de Energía de los Veintisiete han dado este viernes en Bruselas luz verde a la Comisión Europea para que presente, como tarde la semana que viene, medidas concretas para gravar los beneficios extraordinarios de las energías inframarginales (renovables, nuclear) y las fósiles que contribuyen a la alta factura de la electricidad. También están de acuerdo en buscar fórmulas para reducir de forma “coordinada” la demanda eléctrica, aunque no han acabado de acordar si estas deben ser al menos en parte obligatorias, como quiere el Ejecutivo europeo, o voluntarias.
“No ha sido una discusión fácil y, definitivamente, no va a ser la última, pero hemos logrado una dirección clara para las medidas que hay que tomar”, ha valorado al final del encuentro extraordinario el anfitrión de la cita, el viceprimer ministro checo, Joszef Síkela, cuyo país ostenta este semestre la presidencia rotatoria de la UE. “Ahora sabemos con exactitud qué camino seguir”, ha agregado y ha manifestado su esperanza de que los Veintisiete cuenten con “propuestas legislativas concretas” antes de que acabe este mes.
Porque el tiempo corre, el frío se echa encima (la fuerte bajada de temperaturas este viernes en Bruselas no hacía más que acentuar la inminencia del fin del verano) y la idea es que las medidas más urgentes, que también incluyen crear instrumentos que inyecten liquidez para empresas energéticas expuestas a la volatilidad de los mercados, sean aplicables cuanto antes, de ser posible ya en octubre, para que sean eficaces.
Donde hay menos consenso es en torno a la idea de poner algún tipo de tope al precio del gas importado a Europa. ¿Sólo al ruso procedente de gaseoducto, como ha propuesto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen? ¿O imponer un tope más amplio, como reclaman muchos países? ¿Pero a qué gas, solo al que llega vía gaseoducto o también al GNL? El evidente choque de opiniones al respecto en la rueda de prensa final entre la comisaria de Energía, Kadri Simson, y Síkela puso de manifiesto que las opciones están todavía muy abiertas. “No hay nada decidido aún”, zanjó Simson la discusión, indicando que a partir de este sábado su equipo se pondrá a trabajar en las propuestas que deberá aprobar el Colegio de Comisarios el martes y desgranar un día después Von der Leyen ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo.
También la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica española, Teresa Ribera, ha reconocido que se trata de una “cuestión espinosa” que no suscita aún la unanimidad con que se han acogido las demás propuestas. “Ha habido una respuesta muy extensa a posibilidad de respaldar un precio máximo al gas procedente de Rusia”, ha explicado en rueda de prensa. Pero también, ha indicado, “ha habido muchos Estados miembro que han suscitado la necesidad de explorar, reflexionar, prepararnos para contar con medidas adicionales”. Desde Berlín, el canciller alemán, Olaf Scholz, ratificaba la idea de que no se trata de una medida inminente. “Tenemos amigos en Noruega que nos envían gas, tenemos amigos en Estados Unidos que nos envían gas. Y hay otros en el mundo que lo están haciendo. Y esto, si me permite decirlo, no creo que sea una competencia de la Unión Europea. Creo que no todo el mundo ha tenido en cuenta este aspecto a la hora de hacer sugerencias. Las soluciones y las propuestas no son tan obvias como pueden parecer a algunos. Creo que hace falta un trabajo muy duro”, dijo en rueda de prensa con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, informa Elena Sevillano desde Berlín.
Ribera, quien al llegar en la mañana del viernes a la reunión de emergencia de los ministros del ramo había lamentado que Europa haya “perdido un año” hasta darse cuenta de que había que actuar para frenar la espiral de precios, ha celebrado el cambio de actitud de sus colegas. “La situación es complicada y en eso estamos todos de acuerdo. No estamos en condiciones de perder un minuto”, ha subrayado, aunque ha reclamado también que, más allá de las medidas de emergencia, haya una verdadera reflexión sobre la necesidad de acelerar los cambios estructurales.
España, que tuvo que luchar duro para convencer a Bruselas para que aceptara el mecanismo de fijación de precios eléctricos que se usa ahora en la península Ibérica, la denominada excepción ibérica, se siente ratificada ahora que todos los países han reconocido “la necesidad de aplicar mecanismos de intervención en el mercado mayorista eléctrico”, ha dicho Ribera. Según la vicepresidenta, varios países han manifestado incluso su “interés” por aplicar también el mecanismo ibérico. La Comisión ha recibido al respecto el mandato de proponer cómo “limitar los ingresos de los productores de energía inframarginales” y concretar su propuesta de reclamar una “contribución solidaria” de las productoras de energías fósiles. Los ingresos procedentes de estas medidas deberán ir destinados, especifican los Veintisiete, a “mitigar el impacto de los altos precios de la energía en los clientes”, hogares y empresas más vulnerables.
Para Ribera, lo más adecuado sería “combinar distintas herramientas” que garanticen “una contribución justa de todos los operadores”. Lo que resulta “inviable”, dijo antes de la sesión extraordinaria, es que la reducción del precio de la electricidad “se haga solo a base de las contribuciones de los presupuestos públicos”. Por ello, subrayó, “es importante trabajar en sistemas de tasas, de impuestos, de contribuciones de los grandes operadores energéticos que ven cómo crecen sus ingresos de forma muy importante”.
El consenso también es amplio en torno a la idea de aprobar medidas para una “reducción coordinada de la demanda eléctrica” en todo el bloque europeo. Está por ver, no obstante, cómo se aplica. La Comisión había propuesto una reducción obligatoria del consumo eléctrico en horas punta de al menos 5% y un compromiso de los Estados de que intentarán bajar también en 10% el consumo neto eléctrico mensual generalizado (en comparación con el periodo que se use como referencia). Pero no todos los países parecen dispuestos a aceptar la obligatoriedad de las medidas. Aunque la comisaria Simson aseguró que el Ejecutivo mantendrá el 5% obligatorio, para la presidencia checa, una solución de compromiso podría ser algo similar a lo acordado con la reducción de consumo de gas aprobado este verano: que sea voluntaria, aunque exista un mecanismo que pueda hacerla vinculante. Para España, que considera “interesante” la idea de las horas punta, lo que sí es necesario, en cualquier caso, es que haya un “margen de flexibilidad de decisión a nivel nacional sobre cómo hacer operativo el objetivo” de reducción de demanda.
Tras el jarro de agua fría que supuso esta semana el no categórico del presidente francés, Emmanuel Macron, a la propuesta de España -apoyada por Alemania- de relanzar el MidCat (la interconexión gasística entre España y Francia por los Pirineos), la vicepresidenta explicó a periodistas tras la reunión de ministros que trató el tema con la responsable francesa de Transición Energética, Agnès Pannier-Runacher, y que ambas acordaron poner el proyecto en manos de un grupo de expertos comunitarios y nacionales.
“Hemos tomado la decisión de que el grupo técnico de interconexiones, con reguladores, gobiernos, y los operadores del sistema de transporte de gas, hagan una valoración rápida sobre cuáles son las infraestructuras que deben estar reforzadas para poder llegar a tiempo al otoño invierno 2023-2024″, ha explicado. Los expertos deberán valorar tanto el MidCat como “cualquier otra opción que pueda plantearse al respecto”. Según Ribera, esta evaluación permitirá “entender mejor hasta dónde podemos agilizar la tramitación”.
La Comisión Europea evitó este martes apoyar abiertamente la construcción del MidCat y se limitó a apuntar que su futuro depende de las discusiones entre los países “concernidos” por el proyecto. Un día antes, Macron justificó su non argumentando que las actuales interconexiones de gas con España (Irún y Larrau-Calahorra) están lejos de la saturación. Además, afirmó que el nuevo tubo no se justifica por motivos energéticos y ambientales.
Corresponsal en París. Previamente formó parte del equipo de EL PAÍS en Washington. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, comenzó su carrera en la agencia Efe y posteriormente en la alemana Dpa, para la que también fue corresponsal en Santiago de Chile, La Habana y Washington.
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